No es la primera vez que hablo de las actitudes preocupantemente orwellianas de este gobierno que nos ha caido en (des)gracia. Nada como un rimbombante nombre para mitigar de alguna forma el pernicioso efecto en las conciencias de la población que podría tener la controvertida ley/anuncio de turno. Los ejemplos los tenemos a patadas, y existen ya desde comienzos de esta crisis con el gobierno del PSOE evitando mencionar la palabra 'crisis' y utilizando todo tipo de argucias lingüisticas para referirse a ella.
Con la llegada del PP al gobierno, esta tendencia no sólo no se ha detenido sino que ha metido la directa. 'Procedimientos de ejecución hipotecaria' en lugar de desahucio, 'reformas estructurales' en lugar de recortes, y así un largo etcétera, con el ya clásico discurso surrealista de los finiquitos en diferido y simulados de la señora Cospedal liderando el ranking.
Doña finiquitos
En esta ocasión, se establece un nuevo estándar de cinismo: la ley de seguridad ciudadana que, curiosamente, se encarga de restringir algunas de las libertades fundamentales de los ciudadanos que dice proteger.
En la nueva ley se establecen una serie de sanciones administrativas que, según el ejecutivo, pretenden reducir los trámites legales para una serie de faltas que antes se resolvían en el ámbito judicial. Pero seamos serios: ¿Acaso se me está protegiendo a mí con una ley que me multaría por insultar a un policía o injuriar la idea de 'España'? De alguna forma me recuerda al clásico ejemplo de la oscura etapa franquista, en la que un 'me cago en Franco' podía llevarte a prisión. Ahora puede que el pobre hombre que suelte algo así no acabe en la cárcel, pero a lo mejor le toca rascarse el bolsillo para abonar unas multas que se antojan total y absolutamente desproporcionadas.
Y luego tendremos que soportar gilipolleces del calibre de aquello de la mayoría silenciosa.
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